La Iglesia Católica en Argentina Deja de Recibir Fondos del Gobierno
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha anunciado un cambio histórico que marca el fin de décadas de controversia en torno al financiamiento estatal de la Iglesia Católica en Argentina. A partir del 1 de enero de 2023, la Iglesia dejará de recibir fondos del Estado, culminando así un proceso iniciado en 2018 durante la administración del presidente Mauricio Macri.
El comunicado oficial de la CEA detalla que la renuncia a la asignación estatal se ha completado con éxito, lo que representa un hito significativo en la relación entre la Iglesia y el Estado argentino. Aunque las sumas asignadas eran relativamente modestas y constituían solo el 7 % del presupuesto total de la Iglesia, esta práctica generaba un debate constante debido a las cuestiones de privilegio hacia una religión específica en un Estado no confesional.
Este privilegio se basaba en el artículo 2 de la Constitución de 1853, que establece que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano», y en una ley de la última dictadura que otorgaba asignaciones mensuales a arzobispos y obispos equivalentes al 80% de la remuneración de los jueces nacionales de primera instancia.
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Con la renuncia a esta asignación estatal, arzobispos y obispos dejan de recibir estos fondos mensuales. Sin embargo, la CEA ha aclarado que aquellos que hayan dejado sus funciones debido a razones de edad o invalidez podrán solicitar el beneficio de la asignación, que actualmente asciende a 98.000 pesos (aproximadamente 120 dólares).
El proceso de prescindir de la financiación estatal incluyó medidas como la reducción del 30 % en la asignación a obispos, sacerdotes y seminaristas en 2019. Además, en 2020, el Episcopado anunció el Programa Fe, un plan económico destinado a generar financiamiento propio a través de campañas de donación, buscando que los fieles sean los principales contribuyentes económicos de la Iglesia.
Este cambio histórico refleja la determinación de la Iglesia Católica en Argentina de buscar independencia económica del Estado y fomentar una mayor autogestión financiera a través del apoyo directo de sus seguidores. Representa un hito en la relación entre la Iglesia y el Estado en Argentina y plantea preguntas sobre el futuro financiero y la relación entre ambas instituciones.
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