La Santa Sede en el Ojo de la Tormenta: Denuncia por Violación de Derechos Humanos Básicos
El caso conocido como «Gaztelueta» está sacudiendo los cimientos de la Santa Sede, ya que José María Martínez, un laico, está siendo víctima de una aberración jurídica sin precedentes. Martínez afirma que le han arrebatado «un derecho que ni siquiera se le niega a un criminal de guerra», y señala al cardenal Omella como una de las manos detrás de la persecución que está sufriendo.
La situación ha llegado a un punto alarmante, donde se han violado los principios procesales más básicos, erosionando la confianza en la justicia administrada por la Iglesia. No es el primer caso en el que la injusticia prevalece y, lamentablemente, puede ser considerado como un legado preocupante de este pontificado.
El afectado, José María Martínez, ha hecho público el análisis de una comunicación que le llegó, aunque curiosamente no fue enviada directamente a él, sino a la «Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei», que no es parte en este proceso. Esta falta de transparencia y discreción es preocupante y solo añade perplejidad y desasosiego a la situación.
Martínez manifiesta que responderá a la comunicación del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y que, si es necesario, llevará el caso hasta la Corte Europea de Derechos Humanos. Lo que está en juego aquí son los derechos más elementales de cualquier persona.
La situación es tan absurda que incluso el principio de irretroactividad de la ley penal ha sido anulado en este caso, dejando a Martínez sin el derecho básico de defensa que cualquier persona merece.
El papel del cardenal Omella, que forma parte de la sección de la Signatura Apostólica que ha redactado esta comunicación, es motivo de perplejidad. Su parcialidad en el caso ha sido evidente desde el año 2015, y es difícil de entender cómo puede ser parte de esta injusticia.
Martínez se pregunta si este procedimiento injusto también se aplicará retroactivamente a otros laicos católicos que hayan sido acusados en el pasado. ¿Es esto una muestra de lo que les espera a todos los laicos católicos en el futuro?
La falta de firmas en la comunicación y la negativa a permitir que Martínez y sus abogados accedan al contenido de la investigación previa solo refuerzan la percepción de ilegalidad y ensañamiento en este caso.
El laico inocente no se dejará avasallar y luchará por su defensa. La verdad y la justicia están de su lado, y no permitirá que su posición sea abusada. Si es necesario, llevará este caso hasta la Corte Europea de Derechos Humanos para proteger sus derechos fundamentales.
La Santa Sede debe reflexionar seriamente sobre este caso y tomar medidas para asegurar que se respeten los principios fundamentales de justicia y los derechos humanos básicos de todos sus fieles. El camino hacia la transparencia y la justicia debe ser prioritario en la Iglesia Católica.
Fuente: ChurchPop
