Dictadura en Nicaragua congela fondo para sacerdotes jubilados
En un nuevo ataque contra la Iglesia Católica en Nicaragua, la dictadura del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha congelado el fondo de jubilación de la Iglesia para los sacerdotes, según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
La abogada es autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?», que cataloga más de 500 ataques contra la Iglesia en el país desde 2018.
«Los sacerdotes ancianos no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional de seguro para sacerdotes, producto de años de contribución, debido a que las cuentas bancarias de la Iglesia Católica están bloqueadas», escribió Molina en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter).
«El fondo nacional de seguro para sacerdotes es una institución que fue creada hace más de 20 años por la CEN [Conferencia Episcopal de Nicaragua] con la intención de ser un fondo de jubilación para los sacerdotes. No es exactamente un seguro, porque no cubre temas de salud u otros problemas de seguridad social. Está destinado como un fondo de jubilación», explicó Molina al periódico nicaragüense Confidencial Digital.
El fondo recibe $150 al año de los sacerdotes activos, parroquias e instituciones de la Iglesia, además de lo que se recauda el Miércoles de Ceniza.
Molina explicó que varios sacerdotes jubilados informaron que se les había notificado que la transferencia del dinero estaba bloqueada. La CEN no ha hecho ninguna declaración sobre este nuevo ataque de la dictadura de Ortega.
Del fondo, se destina una pensión mensual de $300 para sacerdotes de 75 años o más y $150 al mes para sacerdotes de entre 65 y 74 años.
«Este fondo ha funcionado durante más de 20 años sin complicaciones. Entre las últimas medidas desastrosas de la dictadura contra las cuentas de la Iglesia Católica, han deshabilitado este fondo, de modo que los sacerdotes ancianos no pueden cobrar sus pensiones. Esta es una de las condiciones más dramáticas de la situación actual», señaló Molina.
En mayo, el régimen ordenó congelar las cuentas bancarias de las parroquias y diócesis en Nicaragua, y luego ordenó algo similar en junio que afectó a los sacerdotes.
En otro movimiento, la dictadura ordenó recientemente la confiscación de los bienes de los 222 ex prisioneros políticos deportados a Estados Unidos que ya habían sido despojados de su ciudadanía nicaragüense.
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